Gürtel, el bucle infinito hacia la nada

El caso Gürtel, como piedra angular de la campaña de acoso y derribo del PSOE contra el PP sigue dándonos muestras de lo disfuncional y pernicioso que puede llegar a ser el bipartidismo al que hemos llegado, como consecuencia del parlamentarismo racionalizado, con tendencia a tal bipartidismo, en el que se ha convertido nuestro sistema de representación política, es decir, una peligrosa confluencia de bipartidismo y racionalización.

En democracias en las que se suelen producir mayorías absolutas, dónde se origina una fusión mayoría parlamentaria-Gobierno, cuando los dos partidos predominantes defienden políticas y posiciones irreconciliables y, lejos de afanarse en las labores Gobierno-Oposición, respectivamente encomendadas, se dedican afanosa y continuamente a utilizar y manipular a su antojo los medios de comunicación que a cada uno le son afines, creando así corrientes de opinión desfavorables hacia el adversario, instituciones como el Poder Judicial son las únicas capaces de mantener el imprescindible principio de separación de poderes, habida cuenta del escasísimo (por no decir nulo) margen de maniobra con el que la oposición cuenta para articular dignamente su alternativa política, en un marco de parlamentarismo racionalizado en un en el que la comunión mayoría parlamentaria-Gobierno es total.

El caso Gürtel se ha convertido en paradigma de la disfunción aludida, un bipartidismo fracturado entre una oposición atenazada por mecanismos racionalizadores, y un Gobierno al que estos mecanismos (por el contrario) se le presentan como herramienta útil de gobierno, entregado a una democracia consociativa, de pactos, gracias a la cual tiene asegurada, además, la mayoría absoluta en el seno de un Parlamento que (ideologías aparte) le es afín.


El levantamiento oficial del caso Gürtel (y digo oficial porque, desde enero, llevamos conociendo todos los aspectos del mismo a través de determinados medios de comunicación) nos ha dejado perlas jurídicas tales como el Auto en el que el Juez Garzón, en una primera fase de la instrucción, ordenaba la grabación de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su abogado.

Al parecer, Garzón invocó para las escuchas un precepto que permite intervenir las comunicaciones con los abogados para casos de terrorismo, consiguiendo con ello, desvelar que los supuestos responsables y cabecillas de lo que ha dado en llamarse la trama del caso Gürtel pretendían controlar el procedimiento y hasta las relaciones con los jueces y fiscales del caso a través del abogado de Correa, presuntamente implicado en la causa.

Hasta aquí todo bien, pero el problema surge cuando Francisco Correa, prescindió de los servicios del abogado, Manuel Delgado Solís, haciéndose cargo de la defensa del primero Antonio Choclán, momento en el cual, las grabaciones entre cliente y abogado, lejos de suspenderse, continuaron aportando al Sumario y a Garzón una información que, ahora si, vulnera gravísimamente el derecho de defensa, el secreto profesional, el de las comunicaciones, y constituye un claro atentado contra el Estado de Derecho, según manifestaciones del Consejo General de la Abogacía, órgano aglutinante de todos los colegios de abogados de España. Y lo peor es que, de estas grabaciones, hasta la fecha, sólo se han extraído los pasajes mas morbosos e intranscendentes del proceso, lo que las configura como una clara herramienta mediática, al servicio de la casquería periodística, interesada en amplificar los efectos perjudiciales del caso de cara al PP, a base de airear unas miserias personales de los procesados que no aportan, repito, más que carnaza a la opinión pública.

El caso Gürtel, poco a poco se va convirtiendo aquello para lo que fue ideado al margen de acabar con una trama local de corrupción a pequeña escala con sus luces y sombras.

La pretendida corrupción generalizada en el seno del partido de la oposición, condimentada con la oportuna dosis de medias tintas, vaguedades, dudas y desinformación indudablemente se ha instalado, como una bomba de relojería, en el seno del Partido Popular el cual, a mi juicio, ante la amenazadorfa perspectiva de que la fecha programada para la explosión definitiva, se haya fijado peligrosamente cercana a la de las elecciones generales, reclama de los dirigentes del partido, un cambio de rumbo y estrategia urgente, que despeje, de cara a la opinión pública, todas las dudas que el caso Gürtel está sembrando en los ciudadanos, victimas, una vez más, de una clamorosa e interesada campaña de desprestigio y desinformación.