La responsabilidad de los políticos

La demagogia es una herramienta frecuente en los tiempos que vivimos, sobre todo en las tertulias y foros políticos que, de por sí, encierran la problemática específica de conocer de antemano y de manera fácil la adscripción política de los tertulianos y ponentes pero no su formación y capacidad para soltar perlas por unas bocas que, demasiado a menudo, deberían permanecer prudentemente en silencio.

Pero no es así y, como digo, con demasiada frecuencia escuchamos y leemos en tertulias y en artículos de opinión afirmaciones y reflexiones que, lanzadas con aviesas intenciones hacia un público tan entregado como cándido en los entresijos que conectan el derecho y la política, caen como cargas de profundidad en el ideario colectivo que, después, será convenientemente retroalimentado en conferencias de tasca y pausa de almuerzo.

De la demagogia más o menos elaborada no se salva nadie, o, por mejor decir, a ella no se le resiste nadie, dada su capacidad para la extracción de conclusiones precipitadas por el receptor como respuesta a reflexiones tendenciosas lanzadas inteligentemente por el emisor. Es como una granada de mano. Se lanza fácilmente y su capacidad destructiva es muy grande.

Hace pocos días, escuchando una tertulia radiofónica, oí como el locutor preguntaba si un político debía dimitir de su cargo de inmediato cuando fuese acusado de un delito.

No sé qué me causó más impresión, si la pregunta, lanzada tan directamente como transcribo y que captó mi atención al momento o la tibieza y poca convicción empleada para contestarla por parte de la receptora de la interpelación, que se perdió entre las habituales vaguedades e imprecisiones que rodean los discursos políticamente correctos.

Que si, que no, que caiga un chaparrón y que se mojen los cristales de la estación de mi partido o que se derrumbe la del partido contrario cuando se dé lugar tan azaroso trance bien en las filas de los míos o de los contrarios. Silencio. Siguiente pregunta.

Tuve clara mi respuesta desde el principio, y debo puntualizar que la pregunta lo fue de un periodista radiofónico con cuyas ideas políticas comulgo abiertamente dirigida a la militante de un partido situado en el otro extremo de mi ideario político, con cargo público, de manera que, con esos mimbres fácilmente podría haber sentenciado mentalmente el cesto del SI, SI Y MIL VECES SI. Es lo más fácil.

Pero no.

Todo lo contrario.

Formular esa pregunta es desconocer las reglas más básicas del juego político cuando se apoya en el Derecho para poder seguir su camino, a salvo de zancadillas y malas artes que no harían si no entorpecer y dificultar la política hasta el punto de hacerla inviable. Vayamos por partes.

En primer lugar, de todos conocido es el hecho de que las figuras políticas de alto nivel, como por ejemplo Diputados y Senadores, entre otras, son aforados, es decir, gozan de una cierta inmunidad frente a determinados actos presuntamente delictivos, sin que esta cualidad suponga en absoluto ningún grado de impunidad o invulnerabilidad frente a las leyes.

Cabe, por tanto preguntarse por qué gozan de esta prerrogativa, ¿son acaso mejores personas que el resto de los ciudadanos?, ¿acaso no pueden delinquir o, cuando lo hacen, no pueden ser juzgados…?.

No, la cosa no funciona así. La razón fundamental para el aforamiento de un político entronca directamente con la cuestión planteada de la inmediata dimisión (o cese, llegado el caso) de un político de su cargo en caso de ser imputado por un juez o encausado en un procedimiento (del que astutamente tampoco se aclara si penal y civil, con las grandes diferencias que eso conlleva).

Si el escenario fuese ese, no habría impedimento alguno para que partidos políticos, grupos de presión o de simples ciudadanos indignados se lanzasen en enloquecidas campañas a un fuego cruzado de denuncias que sirviesen de base para el inicio de causas judiciales contra determinados políticos mermando la nómina de los de uno u otro partido con lo que alterar, como mínimo, el resultado de votaciones más o menos importantes en la vida y el discurrir político de un país entero. Todo un despropósito.

Pongamos un ejemplo:

¿Qué habría sucedido si, como consecuencia del encausamiento más o menos interesado de un Diputado socialista, bien por imperativo legal o bien por convicción moral, éste hubiera dimitido de inmediato justo el día antes de la votación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo que rebajaba los sueldos de los funcionarios públicos y congelaba las pensiones?.

Pues que el día de la votación, el partido en el Gobierno, promotor de tan impopular medida, sencillamente HABRÍA TENIDO QUE RETIRARLA por no haberse obtenido la mayoría suficiente para convalidar la norma ya que no contaba con el número necesario de Diputados que la respaldaran con sus votos. Faltaba el Diputado fulanito, que había dimitido dos días antes por encontrarse encausado en un asunto de mayor o menor importancia. Así de fácil.

Afortunadamente esto no es así. El aforamiento de Diputados, Senadores y otras figuras relevantes de la política nacional evita estas dramáticas situaciones que, como dije, no supondrían más que las trabas e impedimentos para el normal desenvolvimiento de la vida política nacional, habida cuenta de que, dicho encausamiento, no significa, bajo ningún concepto, la automática culpabilidad del presunto responsable del hecho punible.

Por otra parte, el encausamiento es la determinación de la implicación en un procedimiento en calidad de imputado o denunciado, en virtud de unos hechos QUE TODAVIA ESTÁN POR DEMOSTRAR O SENTENCIAR en firme, ergo, aplicando el principio constitucional y normativo de la presunción de inocencia, es tanto como la notificación formal de la introducción de una persona (en este caso un político) en una causa todavía, repito, no aclarada.

Por lo tanto, bajo este paraguas de la presunción de inocencia (Art. 24.2 de la Constitución) se articula la figura del encausamiento, necesario para aclarar y determinar el grado de participación o responsabilidad de las personas que, presuntamente, han intervenido, sean aforadas o no, sean políticos de relumbrón o modestos servidores municipales, no para servir de anticipada Sentencia que haga variar el resultado de una votación por la simple modificación matemática del quórum necesario, pueda llegar a poner fin a una carrera política y en jaque (ya puestos) a un sistema que, por estas y otras disfunciones, rápidamente llegaría al colapso.

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