Poderes divididos...

Consumada ya la huelga de Jueces, o, por lo menos la primera parte podemos empezar a sacar conclusiones y la primera (evidente) es que, efectivamente, la huelga se ha llevado a cabo.

Frente a quienes cuestionaban la legalidad y (por lo tanto) posibilidad de la misma, fundamentalmente partidos políticos y asociaciones afines, se encontraban quienes no veían impedimento alguno para llevarla a cabo. Posiciones enfrentadas incluso en el seno de las asociaciones de Jueces, y no carentes de argumentos para sustentarlas.

Quienes la apoyaban, como es natural, defendían la teoría de que, por muy Poder del Estado que se sea (nótese aquí implícita la autocomplaciente afirmación de Poder del Estado), no hay motivo ni norma alguna que impida la convocatoria y realización de huelga a los Jueces. No me extenderé mucho en cuestiones de técnica jurídica, pero si que entiendo que ha de buscarse el epicentro del problema tanto en la interpretación conjunta de los artículos 28 y 127 de la Constitución como en la “mutación constitucional” derivada de la interpretación del Ordenamiento Jurídico a la luz de los cambios sociales, económicos y políticos de nuestra actual sociedad de los que se deriva la aceptación , por parte del Tribunal Constitucional del término “trabajadores” en el sentido más amplio de la palabra, es decir, aquel en el que se incluyen tanto a los tradicionales trabajadores por cuenta ajena como a los funcionarios, todo ello como consecuencia de la aceptación, por nuestro país, de varios convenios internacionales inspirados en las “directrices” de la OIT.

Si volvemos de nuevo al Art. 28.2, que remite a la Ley el ejercicio del derecho a la huelga y la aplicamos al caso particular de los Jueces, nos encontramos con que la Ley Orgánica del Poder Judicial no incluye ni tipifica específicamente como infracción disciplinaria el que los jueces se declaren en huelga por lo que, difícil sustentación tiene una prohibición sin base legal suficiente como es (a mi juicio), el caso.

Así pues, no tuvieron, los favorables a la huelga, que rebuscar mucho en las leyes ni en la doctrina puesto que, no encontrando en las primeras prohibición expresa alguna, la segunda les otorgó el mínimo sustrato legal necesario para apoyar sus teorías basándose en el concepto de libertad no como “en el derecho a hacer todo aquello que las leyes permitan”, tal era la caduca y restrictiva afirmación de Montesquieu o como propugna el Art. 4 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789 al afirmar que “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro”, sino (superando estos dos conceptos) en todo lo contrario, es decir, como “derecho a hacer lo que las leyes no prohíban”, más acorde con la realidad sociopolítica actual, siendo únicamente a través de la ley como pueden establecerse límites al ejercicio de las libertades.

Y como lo uno lleva a lo otro y lo otro es fundamento de lo uno, pues eso, huelga al canto…

Cuestión aparte es la de los fundamentos de la convocatoria en los que aparece, como más llamativa (y menos afortunada) la cuestión de los emolumentos así como la auto-gestión del tiempo reclamada por los Jueces como de inexcusable delegación en los Secretarios Judiciales y digo poco afortunada porque ha puesto “a huevo” de la clase política la réplica torticera e interesada crítica a esta actitud adoptada por los Jueces españoles, ya que se han encargado de hacer aparecer a los Jueces como unos funcionarios (aquí despojados a sabiendas de su carácter de Poder Público) egoístas interesados únicamente en “cobrar más trabajar menos”, pero lo que no se le escapa a nadie ya a estas alturas es que la huelga se produce, más que por cualquier otra cosa, por el deplorable e inexplicable estado de caos y saturación en el que se encuentra la Administración de Justicia española a causa, fundamentalmente del olvido y dejadez al que, históricamente TODA LA CLASE POLÍTICA, sea cual fuere su tendencia ideológica han “condenado” al Poder Judicial, abocándolo irremediablemente a la caótica situación en la que se encuentra.

El llamado “caso Mari Luz” no ha sido más que la constatación de lo que venía siendo un terrible presagio que sólo la técnica del avestruz (esconder la cabeza para obviar el peligro), conseguía mantener en el lado del siempre frágil territorio de los “peligros potenciales”, haciendo aflorar también un corporativismo que, como no, maleado del mismo modo por los políticos, ha terminado siendo interpretado con un sentido muy diferente al que ha hecho reaccionar a los Jueces llevándolos a la huelga.

Y es que no se trata de un “levantamiento” judicial por el mero hecho de que uno de sus miembros se haya visto afectado, sino porque, de seguir así la cosa, serán muchos los casos “Mari Luz” que continuarán ocurriendo porque, diligencias o negligencias judiciales aparte, con estos mimbres, señoras y señores, no podemos esperar mejores cestos, y es sólo cuestión de tiempo la aparición de más casos como el citado con el tremendo drama que ello supone para sus víctimas si no se moderniza la justicia, si no se la dota de más medios materiales y personales, con personal especializado, evitando lo más posible el recurso a las “bolsas” de personal interino y poco (o nada) familiarizado con la praxis jurídica. Ha de imprimirse un carácter dinámico y eficiente a personal y práctica judicial, que pasa inexcusablemente por la interconexión informática de Juzgados y Tribunales, con creaciones de bases de datos actualizadas, fiables y accesibles a todos los profesionales de la Administración de Justicia, con un método de trabajo basado en gran medida en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento tan usadas ya hace tiempo en la empresa privada que eviten que ya no sólo que delincuentes condenados campen a sus anchas por el país sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo, sino que se reduzcan los más de 2,5 millones de causas pendientes, incrementos de hasta el 500% de la carga de trabajo en el último año en Juzgados de lo mercantil debido a la actual crisis y un largo etcétera que no podemos permitir que siga existiendo.

Obvio es que todo ello pasa por una gran inversión tiempo y de dinero, lo cual, especialmente el dinero, en tiempos de crisis no suele ser muy bien entendida pero, ¿acaso el tema que nos ocupa no lo vale…?